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Ultimátum ‘fake’ de Puigdemont

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Opinión | Política

Ultimátum ‘fake’ de Puigdemont

"Puigdemont exige a Sánchez que cumpla los compromisos, pero Sánchez sabe que Puigdemont difícilmente hará caer al Gobierno antes de que se apruebe la amnistía".

Imagen de archivo de Carles Puigdemont/EFE.
Guillem Pujol
11 diciembre 2024 Una lectura de 4 minutos
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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, ha solicitado formalmente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados. Esta petición surge tras considerar que el acuerdo de investidura alcanzado hace un año entre Junts y el PSOE no ha avanzado en aspectos clave como la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la aplicación efectiva de la ley de amnistía. Puigdemont argumenta que el Gobierno de Sánchez ha mostrado una falta de compromiso y transparencia en estos temas, lo que genera desconfianza en la relación política entre ambos partidos.

Por su parte, el Ejecutivo ha rechazado la necesidad de esta cuestión de confianza, asegurando que Sánchez aún cuenta con el apoyo mayoritario del Congreso. Partidos como ERC también han mostrado su desacuerdo con la propuesta de Junts, interpretándola como una maniobra política que podría beneficiar a la oposición. Cabe destacar que, según la Constitución española, solo el presidente del Gobierno puede presentar una cuestión de confianza tras deliberación en el Consejo de Ministros. Para ser aprobada, se requiere el voto favorable de la mayoría simple del Congreso, un escenario poco probable dadas las actuales alianzas políticas.

¿Qué consecuencias tiene este movimiento político de Puigdemont?

Lo primero que hay que decir es que Puigdemont —y Junts— no quiere hacer caer a Pedro Sánchez, pero necesita aparentar que lo hará. Y necesita demostrarlo a su electorado, no a Pedro Sánchez, que sabe dos cosas importantes: una, que difícilmente Puigdemont hará caer al Gobierno antes de que se apruebe la amnistía —y especialmente su propia amnistía—.

Dos: la supuesta urgencia de las palabras de Puigdemont no es tal. La razón, en esta ocasión, es más burocrática y menos prosaica de lo habitual, ya que se debe a que la última sesión plenaria del Congreso es la próxima semana y luego no habrá ninguna otra hasta el mes de febrero. Teniendo en cuenta que la cuestión de confianza solo puede funcionar si el propio Sánchez la acepta, y que desde el Ejecutivo socialista ya han confirmado que, por ahora, harán como si no lo hubieran oído, esto significa que hay poco más de dos meses para seguir negociando, pues el siguiente pleno ordinario tendrá lugar el martes, 11 de febrero.

¿Qué motivaciones hay detrás?

Durante su comparecencia, Puigdemont enumeró una serie de cuestiones que, acordadas hace un año, no se están llevando a cabo o no avanzan a la velocidad que él desearía. Básicamente, son cuatro: la oficialidad del catalán en la UE, el traspaso de competencias en materia de inmigración, la no aplicación de la amnistía y cuestiones presupuestarias, que incluyen la ejecución presupuestaria de ejercicios anteriores y la condonación de la deuda del FLA.

Aunque Puigdemont agrupe todas estas cuestiones, sabe perfectamente que, en el tema de la oficialidad del catalán, el ministro Albares ha hecho todo lo posible para sacarlo adelante, incluyendo la voluntad del Ejecutivo español de asumir todo el coste de las traducciones. Si no ha avanzado, es debido a la oposición de terceros países como Francia, Alemania, Suecia o Finlandia, que no han dado su visto bueno. También sabe —y no lo ha ocultado— que, si la ley de amnistía no se ha aprobado, es por la resistencia que está ejerciendo el poder judicial, actualmente convertido en un enemigo común tanto del independentismo como del Gobierno de coalición.

De lo que realmente se queja Puigdemont es de que no se hayan traspasado ya las competencias en inmigración y de que no se haya llevado a cabo la condonación de la deuda. Sin embargo, ninguna de estas dos cuestiones estaba contemplada en el calendario oficial como algo que debería estar finalizado antes de que acabe el año.

Por lo tanto, lo que estamos viendo es simplemente la aplicación de una estrategia que debe interpretarse en clave negociadora y electoral. Es decir: política en su máxima expresión, pero en el peor sentido del término.

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